Libro electrónico: Cómo superar el maltrato
psicológico.
Ana Muñoz, psicóloga y
directora de Cepvi.com
Índice:
1.
Abuso emocional
2. Cuando sigues esperando y pensando que él
cambiará
3.
Signos que indican que estás saliendo con
un perdedor
4.
Amor y síndrome de Estocolmo: el misterio
de amar a un maltratador
5.
Afrontar la violencia doméstica
6.
Medidas tomadas por el gobierno español
7.
Qué puedes hacer si está siendo víctima
de malos tratos
8.
Trastorno de estrés postraumático
9.
Comunicación agresiva en la
pareja
6. Medidas tomadas por el
Gobierno Español
José Enrique Serrano.
Director del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.
La Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, es el instrumento que nos hemos dado para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia machista que de modo incesante nos golpea a
todos, hombres y mujeres, y que provoca la muerte violenta de una mujer
cada semana a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales.
Si bien la aprobación de la Ley Integral ha sido acogida muy
favorablemente en el ámbito internacional, al ser la primera en Europa
contra la violencia de género, somos conscientes de que, a pesar de que
las medidas y el reconocimiento de los derechos son de aplicación
inmediata, además, es necesaria una actuación sistemática que garantice
su efectividad. Hechos como los que pone de manifiesto el informe de
Amnistía Internacional, fueron los que llevaron al Gobierno a la
determinación del carácter integral de la Ley.
A tal efecto quiero señalar los acuerdos que contra la
violencia de género ha adoptado el Consejo de Ministros entre enero y
mayo de 2005:
El 28 de enero se presentó un informe con las principales
medidas de la Ley y las directrices de actuación y coordinación que
asegurarán la efectividad de su puesta en funcionamiento inmediata.
El 25 de febrero se reguló el Programa de Renta Activa de
Inserción, que contempla ayudas dirigidas expresamente a las víctimas de
violencia de género.
El 4 de marzo se aprobaron las siguientes medidas: Creación
de 16 Juzgados de violencia sobre la mujer y de la Delegación especial
del Gobierno contra la violencia sobre la mujer; Puesta en marcha de un
Plan para la inserción laboral de las víctimas de violencia de género,
previa concertación con las Comunidades Autónomas; Suscripción de
convenios de colaboración entre la Administración General del Estado, el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el
Consejo General de la Abogacía para la implantación efectiva del
servicio de teleasistencia; Organización de cursos de formación
dirigidos a profesionales sanitarios para mejorar las consultas de
atención primaria; Incluir en el Plan de Vivienda criterios que
contemplen la atribución de viviendas protegidas a mujeres que hayan
sufrido violencia de género.
El 8 de abril se dotó un Fondo para atender el pago de las
ayudas sociales contempladas en la Ley Integral, para aquellas víctimas
que no tengan derecho a protección por desempleo o no puedan acceder,
por circunstancias personales, sociales y profesionales, a un programa
de inserción laboral.
El 15 de abril el Consejo nombró a la Delegada Especial del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, encargada de formular las
políticas públicas contra la violencia de género, y de impulsar y
coordinar cuantas políticas se lleven a cabo en esta materia, en
colaboración con las todas las Administraciones Públicas.
El 13 de mayo se aprobó un Plan para la puesta en
funcionamiento de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de
Género, que se insertarán dentro de los Institutos de Medicina Legal,
dependientes del Ministerio de Justicia.
Asimismo hay que señalar que ya se han fijado los criterios
para la distribución del Fondo creado en la Ley para garantizar la
equidad interterritorial en la prestación de los servicios que aseguren
la efectividad del derecho a una asistencia integral. Además, se ha
reforzado la protección de las víctimas aumentando en 380 los efectivos
especializados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A su vez,
se está elaborando un protocolo para garantizar la coordinación de la
protección de las víctimas.
Por otra parte, el Reglamento de Extranjería establece que
las mujeres inmigrantes en situación irregular que cuenten con una Orden
de Protección y soliciten una autorización de residencia temporal por
ser víctimas de violencia en el entorno familiar, no podrán ser
expulsadas de nuestro país.
La Ley persigue la protección integral de las víctimas
actuando sobre sus causas. De ahí que sus medidas de prevención partan
de la educación y de la sensibilización, incidiendo en la publicidad y
en los medios de comunicación; y se extiendan entre otras a la
especialización del personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
y a la sanción y persecución del agresor.
La Ley garantiza la reparación completa de las víctimas para
su integración social y laboral plena, a través del reconocimiento del
derecho a una acción integral, que atienda también a la situación de
especial vulnerabilidad de las que tienen un especial riesgo de padecer
esta violencia. Por primera vez, se pasa de una visión asistencial, a
otra de derechos y de ciudadanía.
No quiero terminar sin recalcar que se trata de una lacra
grave cuya solución exige tiempo y esfuerzo. De una lucha que acaba de
empezar y que está siendo librada por todos y todas y que va a ser un
éxito, porque cada vez somos más los que hemos adquirido un compromiso
de tolerancia cero.
Sin embargo, que nadie se llame a engaño, no se erradica la
violencia por decreto. La sociedad políticamente organizada a través de
los poderes públicos que conforman el Estado tiene una responsabilidad
principal, le corresponde remover las causas que originan la violencia y
la Ley le convoca a esta tarea; una acción que, como en su caso, exige
además un compromiso personal y directo de todos los ciudadanos.
