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Índice:

 

1. Abuso emocional

2. Cuando sigues esperando y pensando que él cambiará

3. Signos que indican que estás saliendo con un perdedor

4. Amor y síndrome de Estocolmo: el misterio de amar a un maltratador

5. Afrontar la violencia doméstica

6. Medidas tomadas por el gobierno español

7. Qué puedes hacer si está siendo víctima de malos tratos

8. Trastorno de estrés postraumático

9. Comunicación agresiva en la pareja


6. Medidas tomadas por el Gobierno Español

José Enrique Serrano.

Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

   La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es el instrumento que nos hemos dado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista que de modo incesante nos golpea a todos, hombres y mujeres, y que provoca la muerte violenta de una mujer cada semana a manos de sus compañeros o ex compañeros sentimentales.

    Si bien la aprobación de la Ley Integral ha sido acogida muy favorablemente en el ámbito internacional, al ser la primera en Europa contra la violencia de género, somos conscientes de que, a pesar de que las medidas y el reconocimiento de los derechos son de aplicación inmediata, además, es necesaria una actuación sistemática que garantice su efectividad. Hechos como los que pone de manifiesto el informe de Amnistía Internacional, fueron los que llevaron al Gobierno a la determinación del carácter integral de la Ley.

    A tal efecto quiero señalar los acuerdos que contra la violencia de género ha adoptado el Consejo de Ministros entre enero y mayo de 2005:

    El 28 de enero se presentó un informe con las principales medidas de la Ley y las directrices de actuación y coordinación que asegurarán la efectividad de su puesta en funcionamiento inmediata.

    El 25 de febrero se reguló el Programa de Renta Activa de Inserción, que contempla ayudas dirigidas expresamente a las víctimas de violencia de género.

    El 4 de marzo se aprobaron las siguientes medidas: Creación de 16 Juzgados de violencia sobre la mujer y de la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer; Puesta en marcha de un Plan para la inserción laboral de las víctimas de violencia de género, previa concertación con las Comunidades Autónomas; Suscripción de convenios de colaboración entre la Administración General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía para la implantación efectiva del servicio de teleasistencia; Organización de cursos de formación dirigidos a profesionales sanitarios para mejorar las consultas de atención primaria; Incluir en el Plan de Vivienda criterios que contemplen la atribución de viviendas protegidas a mujeres que hayan sufrido violencia de género.

    El 8 de abril se dotó un Fondo para atender el pago de las ayudas sociales contempladas en la Ley Integral, para aquellas víctimas que no tengan derecho a protección por desempleo o no puedan acceder, por circunstancias personales, sociales y profesionales, a un programa de inserción laboral.

    El 15 de abril el Consejo nombró a la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, encargada de formular las políticas públicas contra la violencia de género, y de impulsar y coordinar cuantas políticas se lleven a cabo en esta materia, en colaboración con las todas las Administraciones Públicas.

    El 13 de mayo se aprobó un Plan para la puesta en funcionamiento de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que se insertarán dentro de los Institutos de Medicina Legal, dependientes del Ministerio de Justicia.

    Asimismo hay que señalar que ya se han fijado los criterios para la distribución del Fondo creado en la Ley para garantizar la equidad interterritorial en la prestación de los servicios que aseguren la efectividad del derecho a una asistencia integral. Además, se ha reforzado la protección de las víctimas aumentando en 380 los efectivos especializados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A su vez, se está elaborando un protocolo para garantizar la coordinación de la protección de las víctimas.

    Por otra parte, el Reglamento de Extranjería establece que las mujeres inmigrantes en situación irregular que cuenten con una Orden de Protección y soliciten una autorización de residencia temporal por ser víctimas de violencia en el entorno familiar, no podrán ser expulsadas de nuestro país.

    La Ley persigue la protección integral de las víctimas actuando sobre sus causas. De ahí que sus medidas de prevención partan de la educación y de la sensibilización, incidiendo en la publicidad y en los medios de comunicación; y se extiendan entre otras a la especialización del personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a la sanción y persecución del agresor.

    La Ley garantiza la reparación completa de las víctimas para su integración social y laboral plena, a través del reconocimiento del derecho a una acción integral, que atienda también a la situación de especial vulnerabilidad de las que tienen un especial riesgo de padecer esta violencia. Por primera vez, se pasa de una visión asistencial, a otra de derechos y de ciudadanía.

    No quiero terminar sin recalcar que se trata de una lacra grave cuya solución exige tiempo y esfuerzo. De una lucha que acaba de empezar y que está siendo librada por todos y todas y que va a ser un éxito, porque cada vez somos más los que hemos adquirido un compromiso de tolerancia cero.

    Sin embargo, que nadie se llame a engaño, no se erradica la violencia por decreto. La sociedad políticamente organizada a través de los poderes públicos que conforman el Estado tiene una responsabilidad principal, le corresponde remover las causas que originan la violencia y la Ley le convoca a esta tarea; una acción que, como en su caso, exige además un compromiso personal y directo de todos los ciudadanos.

 

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